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Cataluña da el primer ejemplo de su respeto a la ley. Uno de los aspirantes al trono es un intrépido y vigoroso catalán, de la ilustre estirpe de los condes de Barcelona, que se presenta audaz, poderoso y robustecido con el favor popular. Y sin embargo, el parlamento de Cataluña, compuesto de individuos generalmente adictos al conde de Urgel, renuncia digna y generosamente a sus personales afecciones, protesta contra toda violencia y contra toda pretensión armada, intima al de Urgel que se abstenga de acercarse a Barcelona, declara que no toca el parlamento catalán, sino al general de los tres reinos, decidir como árbitro supremo la cuestión de sucesión, e invita a sus hermanas Aragón y Valencia a que congreguen sus respectivos parlamentos para entenderse en negocio tan grave y capital. Acordes las tres provincias en el principio de legalidad, era un espectáculo interesante el de los parlamentos de los tres reinos de aquella monarquía federal, congregados sucesivamente en Barcelona, en Calatayud, en Tortosa, en Alcañiz, en Vinalaroz, en Trahiguera y en Valencia, discutiendo y deliberando sobre los medios de venir a un común acuerdo, conformes todos en el pensamiento de que el elegido para rey de Aragón fuese el que tuviera mejor derecho, y representara simultáneamente el triunfo de la ley y la expresión de la voluntad nacional.
Estos jueces que van a ejercer la más suprema de las magistraturas y que han de pronunciar una sentencia sin apelación para un gran imperio, no son ilustres condes, ni ricos-hombres poderosos, ni caudillos vencedores, ni esclarecidos príncipes; son cinco eclesiásticos y cuatro legistas; son la representación de la ciencia y de la virtud. El mundo veía por primera vez con asombro confiado el destino de una de las más poderosas naciones de Europa a nueve hombres del pueblo, pacíficos, desarmados, salidos de la Iglesia, del claustro y del foro, sin el aparato de la fuerza y del poder, sin el esplendor de la cuna y del linaje, sin la ostentación o el influjo de la riqueza, y aguarda en suspenso el fallo de los compromisarios de Caspe.
Abre este jurado nacional su gran proceso: recibe las embajadas de todos los pretendientes; oye las alegaciones de sus abogados; examina con calma y con dignidad de sus respectivos derechos; medita, coteja, discute sin apasionamiento y falla. La voz de la justicia pronuncia por boca de un santo el nombre de Fernando De Castilla es el que tiene el mejor derecho y debe ser en justicia el rey de Aragón (1412). El jurado nacional se ha pronunciado, y el pueblo acata el fallo del jurado nacional. La nación que ha sabido hacer uso tan discreto, prudente y legal de su soberanía, merecía bien unos intérpretes tan rectos y justos como los de Caspe, y jueces tan justos y rectos como los de Caspe eran dignos de un pueblo que sabía venerar el fallo de la justicia pronunciado por labios tan santos. Parlamentos, jueces, pueblos, todos se han conducido con igual magnanimidad en la más ruda prueba que puede ofrecerse a una nación. No sabemos si al cabo de los siglos de progreso y de ilustración obrarían con tanta mesura, sensatez e imparcialidad las naciones modernas.
La Historia General de España de Modesto Lafuente, es considerada el paradigma de la historiografía nacional del pensamiento liberal del siglo XIX. Impresa en Barcelona por Montaner y Simón entre 1888 y 1890.
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