El pueblo, el elemento más importante de cuantos integran toda sociedad, apareció en los comienzos de la Reconquista en situación nada bonancible.

Nació dependiendo del rey, de los señores o de la Iglesia, y sin constituir por sí un elemento distinto y separado de los demás, pues como la base de la Reconquista era el territorio, y éste pertenecía al rey, a la Iglesia o a los nobles, cuantos acudían a poblar las comarcas libradas del poder de los musulmanes, tenían que someterse a las condiciones que el señor de la tierra les impusiera. De aquí que el elemento popular apareciese en los comienzos de la Reconquista bajo la forma de familias de criazón, esto es, de familias voluntariamente adscritas al suelo en que moraban, pues lo azaroso de las circunstancias impuso al pueblo la necesidad de colocarse bajo el amparo de los grandes señores, para tener garantizados de algún modo sus derechos. Tal situación cambió bien pronto. La continua lucha a que los cristianos se veían sometidos, hizo que se concedieran algunos derechos al pueblo, como medio de que tuvieran interés en el progreso de la Reconquista. A l mismo tiempo, los reyes, buscando un contrapeso a la excesiva influencia de los nobles, favorecieron también por medio de privilegios y exenciones el desarrollo del elemento popular, al cual otorgaron de igual suerte fueros los señores y la Iglesia. Por último, la necesidad de establecer en las localidades recién conquistadas o en las fronterizas, una población que tuviese verdadero interés en el progreso de las armas cristianas, dio margen a que se concedieran determinados privilegios, a los que en tales ciudades y villas habitaban, con lo cual surgieron las municipalidades o concejos, especie de pequeñas repúblicas dentro de aquel Estado general, toda vez que, aun cuando sometidas a la Corona, y debiéndole determinadas prestaciones, ya reales, ya personales, como vasallos suyos que eran, tenían cierta autonomía para gobernarse por sí mismas. Los privilegios que poco a poco fueron consiguiendo esos concejos, hicieron que el estado llano llegara a ejercer gran influencia en los asuntos públicos, y a constituir un elemento político de tanta importancia, que con el tiempo hubo de obscurecer la de la nobleza y el clero.

Idea de feudalismo

Conviene notar, por último, en cuanto al elemento popular se refiere, que la situación de los pueblos de abadengo fue siempre mucho mejor que la de los de señorío, y aunque la de los de realengo, por el espíritu de equidad que ha presidido en todas épocas a los actos todos de la Iglesia; y que, en general el pueblo de Castilla y León, hubo de gozar de mayores consideraciones que en los estados de la reconquista oriental. La idea del feudalismo, que en el período que examinamos tomó bastante incremento en España, aun cuando nunca tanto como en otros países, no puede decirse en rigor que surgiera, entonces, ni que careciera de antecedentes. En los pueblos orientales se conocieron instituciones que en algo se parecían al feudalismo, y alguna analogía guardaban también con esta idea, la clientela y el colonato de los romanos, así como aquellos pactos, tan comunes entre los germanos, mediante los que se agrupaban alrededor de los principales caudillos, gentes que, a cambio de la protección que recibían, se obligaban a seguir en todo momento la suerte de aquéllos. La concentración de extensos territorios en corto número de propietarios, la necesidad en que éstos se vieron de conceder su cultivo, mediante condiciones, a gentes que tuviesen interés en hacerlos producir, y la tendencia, tan común en aquellos tiempos, de relacionar la idea de propiedad con la de autoridad, dieron margen a los feudos. Con efecto, el feudalismo nació de la combinación de estas dos ideas: tierras que se concedían para ser cultivadas; autoridad que se reconocía por tal hecho al dueño de ellas, sobre sus cultivadores. Así se explica que los feudos, antes de ser hereditarios, fueran primero temporales y luego vitalicios. No todos los escritores están de acuerdo respecto de la existencia de los feudos en Castilla y León. En nuestra opinión existieron, si bien la idea feudal no tomó tanto incremento en esos reinos, como en otros de España y especialmente del extranjero, donde alcanzó verdadero desarrollo. Relacionada con la idea feudal, apareció la de los otros señoríos, llamados territoriales y señoriales, que son cosas distintas del feudalismo, aun cuando en ocasiones se hayan confundido. Con efecto, los señoríos territoriales y jurisdiccionales, procedían principalmente del suelo, mientras que el feudalismo tuvo su origen en una sumisión personal, voluntariamente pactada entre los señores y los vasallos, mediante la cual éstos se comprometían a seguir a los primeros en la guerra, y a concederles algunas prestaciones, en cambio de la protección que aquéllos les prometían. Para conocer con exactitud lo que eran los feudos y señoríos, no es preciso acudir a los cuerpos legales propiamente nobiliarios, sino que en las mismas Partidas se encuentran datos más que suficientes para ello. Con efecto, en la ley 89,  se establece la manera de constituirse los feudos y los derechos y obligaciones que mediante ellos, adquirían los señores vasallos.

Un hombre puede otorgarse vasallo de otro, según la antigua costumbre de España, 'besándolo la mano por reconocimiento de señorío; que existe diferencias entre los términos «tierra, feudo y honor»; que el vasallo debe ayudar al señor en cuantas guerras tome parte, y el señor amparará a aquél en su persona y derecho ; que las mujeres no pueden heredar feudos, y que en el caso de que el vasallo muriese sin dejar hijos o nietos, no heredan el feudo sus ascendientes, sino los hermanos, pasando, en defecto de éstos, al señor, disposiciones que se explican por llevar envueltos los feudos la idea de prestaciones personales: La idea de los pueblos de realengo, abadengo, solariegos y behetrías, se basa no en el pacto en la sucesión, como el señorío feudal, sino en el nacimiento en un determinado suelo o en tener en el mismo su morada. Pueblos de realengo, eran los situados en territorios que pertenecían a la corona. A esta categoría, pertenecían el mayor número de las localidades de Castilla y León, y su situación era mejor que la de los pueblos solariegos, aun cuando no tan favorable como la de los de abadengo. Se llamaban así aquellos que habían sido cedidos por los reyes a iglesias, monasterios o prelados; solariegos, los que pertenecían a señores, los cuales recibían una renta o censo, denominada «infurción», de los vasallos a quienes habían entregado las tierras, para su cultivo y aprovechamiento; y behetrías, los que tenían facultad de elegir señor. La situación de estos últimos, era, sin duda, la más favorable de todos ellos. Había behetrías de varias clases, pues en tanto unas sólo podían elegir a la muerte del señor, otro dentro de los individuos de ciertas familias (de linaje), otras lo elegían libremente (de mar a mar), y aun algunas podían mudar de señor a su antojo y cuantas veces quisieran. En los títulos VII, VIII y IX, del libro primero del Fuero Viejo de Castilla, se consignan con toda prolijidad los derechos y atributos de los señores y diviseros sobre los pueblos que les pertenecen, así como las obligaciones de los que en ellos viven, prescindiendo nosotros de enumerarlas, por no entrar en más detalles.

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En último término, existía la masa general de la nobleza, denominada en Castilla y León fijosdalgos.

La nobleza castellana y leonesa poseyó grandes virtudes a la vez que algunos vicios, de no pequeño bulto. El espíritu guerrero de que se hallaba poseída, espíritu muy propio de la época, hizo que contribuyera de modo poderoso al progreso de las armas cristianas, luchando personalmente contra la morisma, y armando a sus vasallos para que a su lado pelearan contra los invasores.

De otro lado, tomó gran parte en la gestión de los negocios públicos, ya desempeñando los altos cargos de la corte, ya formando el Consejo de los reyes, y aun asistiendo a los concilios, ya, por último, asumiendo en algunos casos de minoría, la gobernación total del reino. Sin embargo, al lado de servicios tan dignos de loa, conviene notar que, como toda clase elevada, tendió a la indisciplina, y que, con sus ambiciosas miras dio margen en repetidas ocasiones a turbulencias y desórdenes, que hicieron malgastar fuerzas y energías que debieron emplearse en combatir al enemigo común. También fue frecuente que antepusieran los intereses de clase a los generales del reino, entorpeciendo con ello la marcha de la Reconquista, como sucedió, por ejemplo, cuando sitiada Cuenca por Alfonso VIII, se negó en las Cortes de Burgos, por órgano de D. Diego de Lara, a pagar los cinco maravedís de oro que se la exigían, para proseguir la conquista, por considerar atentatorio a sus fueros pagar impuesto alguno.

Los privilegios de que disfrutaba la nobleza eran unos de índole personal y otros de carácter real. En este último orden, el privilegio general de la nobleza, consistió en la exención de tributos. Como las tierras que poseía la nobleza habían sido adquiridas mediante su esfuerzo personal, en cuanto que por ese medio habían sido arrancadas del poder de los invasores, se consideró siempre que no debían satisfacer impuesto alguno. No es esto decir que la nobleza no contribuyera al sostenimiento de las cargas públicas, pues contribuía, y de modo bien notorio, armando para la guerra a sus vasallos y llevándolos, a sus expensas, a pelear en defensa de la patria y de la religión.

Tuvo también la nobleza el privilegio de considerarse en cierto modo, no por entero, exenta de toda jurisdicción. Las cuestiones entre nobles, se decidían de ordinario mediante el arbitraje, y en ocasiones por medio del duelo y aun de la guerra privada, procedimiento sancionado, no sólo en el Fuero Viejo de Castilla y en el de los Fijosdalgos, sino en las mismas Partidas. Podían los nobles concertar entre sí pactos de amistad y alianza, cediéndose, en garantía de lo estipulado en ellos, castillos y villas muradas.

Los nobles: limitaciones y sanciones

Tanto la Iglesia, como los monarcas, trataron de poner algunas limitaciones a estos derechos de los nobles, pero tales cortapisas, de las cuales son muestra fehaciente las leyes del tít. V, libro I, del Fuero Viejo de Castilla, y diversas disposiciones conciliares, demuestran a las claras la existencia del privilegio.

Consecuencia del anterior privilegio era el derecho que todo noble tenía de despedirse del servicio del monarca y tomar partido en cualquier otro reino cristiano, y aun entre los musulmanes, por más que esto último fuese mal mirado.

En el Fuero Viejo de Castilla, no sólo se sanciona tal derecho, sino que se establece la forma de practicarlo. El monarca podía despedir de su servicio a los nobles arrojándolos del reino, pero para hacerlo, necesitaba darles un plazo de cuarenta días, y facilitarles caballos y guías con que caminar a otro reino, debiendo también los nobles, por cuyos dominios pasasen, darles un caballo y aposento, y respetar a cuantos de sus vasallos quisieren acompañarles en la expatriación.

Los nobles, a semejanza de la corona, podían otorgar fueros y privilegios a sus vasallos. Como ejemplos, pueden citarse el concedido á la iglesia de Santa María de Obona, en el año 780, por D. Silo; el de Brañosera, dado en 824 por el conde Ñuño Núñez, y el de Melgar de Suro, concedido por su señor Fernán Amiéntales, en 950.

Las relaciones de los señores con los vasallos, se hallaban algún tanto indeterminadas. Éstos debían a aquéllos el conducho, auxilio que prestaban a los señores cuando viajaban por las tierras que moraban; debían seguirles en la guerra y concederles determinadas prestaciones, ya reales, ya personales, en la paz.

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La nobleza gozó de igual suerte que el clero, de gran prestigio y poder desde los comienzos de la Reconquista, pues siendo la lucha continua, natural era que aquellos caudillos que al lado del monarca peleaban, adquiriesen, en premio de sus servicios, privilegios y exenciones.

El clero católico, que jamás ha constituido una casta, sino una clase, fue elemento de gran importancia durante la Reconquista, cosa natural, dado el carácter religioso que tuvo la lucha sostenida con los árabes; y como tomó parte principal en esta gran obra, fue lógico que adquiriera tierras, y que al lado de los monarcas y de los nobles ejerciera cierta influencia en los asuntos públicos.

El clero, pues, no sólo tuvo tierras y vasallos, sino que llegó a otorgar fueros, como el de Sahagún, concedido por el abad del monasterio de este nombre. Desde los primeros momentos de la Reconquista se celebraron concilios, de carácter esencialmente religiosos unos, y de carácter mixto, continuación de los de Toledo, otros.

El influjo que el clero llegó a ejercer, dio origen a los privilegios e inmunidades de que gozó. Fueron éstos, la inmunidad personal, por la cual sólo dependía de las autoridades eclesiásticas; la inmunidad real, mediante la que las iglesias y los bienes del clero se hallaban exentos de toda tributación; y la inmunidad local, esto es, el derecho de asilo.

El papel desempeñado por el clero durante la Reconquista, no puede menos de reputarse como altamente benéfico, pues representó siempre una especie de poder moderador respecto del rey y de los nobles, y la situación de sus vasallos fue en todo momento mucho mejor que la de los que dependían de los reyes y señores.

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A la muerte de Alfonso X, sobrevino la cuestión sucesoria entre Sancho, apellidado después el Brabo, y los infantes de la Cerda, hijos del primogénito de aquél, los cuales alegaban en su apoyo el texto de las Partidas, si bien la legitimidad estaba en aquellos momentos de parte de Sancho.

En Pedro el Cruel, se interrumpe bruscamente el orden legal de sucesión, pues muerto a manos de Enrique de Trastámara, se apoderó éste del trono, no sin que le suscitaran dificultades algunos parciales del difunto rey, que apoyaban el mejor derecho en los hijos de éste, y que terminaron en tiempos de Juan I, mediante el tratado del Troncoso, según el cual, el príncipe Enrique, hijo del monarca, contrajo matrimonio con Doña Catalina de Laucaste, nieta de Pedro I, y se declaró a ambos esposos herederos de la Corona de Castilla, dándoles, además, el título de Príncipes de Asturias, que desde entonces vienen usando los inmediatos sucesores del trono de España. En punto al derecho que se reconoció a las hembras durante la época que examinamos en la sucesión a la Corona, conviene notar que no se siguió igual conducta en todos los reinos cristianos, según tendremos ocasión de ver, y que, por lo que a Castilla hace, hasta las Partidas, ni se reconoció derecho a las mujeres, ni se las negó, no tanto respecto del trono, como en cuanto a su trasmisión. Alfonso I, fue elegido rey, merced, sin duda, a sus cualidades guerreras, pero indudablemente, teniéndose a la vez en cuenta el que su mujer era hija de Pelayo, lo cual indica que desde los primeros momentos, y aun en la época en que el principio electivo aparece más fuerte y vigoroso, no se olvidó en absoluto el derecho de las mujeres. También hemos indicado cómo algunas señoras desempeñaron la regencia en diferentes épocas, cómo Sancho III de Navarra vino a gobernar en Castilla, por su matrimonio con la condesa Doña Mayor, y cómo Fernando I fue coronado rey de León, por hallarse casado con Doña Sancha, todo lo cual indica que la tradición en Castilla era que las mujeres pudieran ocupar el trono, pero no ejercer la autoridad al mismo unida. Sin embargo, Doña Urraca es proclamada reina á la muerte de Alfonso VI, y aun cuando su marido, Alfonso I de Aragón, comenzó a dirigir los asuntos de Castilla, más tarde, y por las disensiones que entre ambos esposos surgieron, gobernó sólo aquella señora, lo cual vino a romper la tradición que hasta entonces existía.

Relacionada con la idea de la sucesión al trono, se halla la consideración de que siempre gozaron los hijos de los monarcas, especialmente desde que se afianzó el régimen hereditario. Como en rigor fueron muy pocos los casos de elección que hubo durante la Reconquista, se explica fácilmente que desde los primeros momentos de ésta se concediese lugar preeminente en la jerarquía social a los hijos del monarca, y en particular al mayor de ellos. La palabra infantes, aplicada a tales personas, venía, pues, a significar una especie de dignidad, así como la de infanzones servía para designar a los hijos de los nobles. Al primogénito del monarca, se le llamó infante heredero del reino, hasta que en tiempos de Juan I se le designó, según acabamos de indicar, Príncipe de Asturias, título que entonces no indicaba, como ahora, un mero honor, sino que llevaba anejo el señorío de esta región. De tal título no han disfrutado las hembras hasta época muy reciente, pues mientras dure la vida del rey, puede tener un hijo, y los varones, cualquiera que sea su edad, han tenido siempre en nuestra patria derecho preferente sobre las hembras, respecto de la sucesión a la Corona.

Sólo los hijos del rey gozan del título de infantes, con arreglo a las Partidas, debiendo los hijos de infantes este calificativo a graciosa concesión de la Corona. Desde el momento en que la monarquía se hizo hereditaria, tuvo gran importancia cuanto al matrimonio y testamento de los reyes se refiere, por ventilarse en tales actos intereses generales, como los relativos á la regencia del reino y tutela del rey, entre otros. Desde los primeros momentos, se concedió la tutela y regencia del reino a la viuda del monarca anterior o a las personas designadas por éste. Así vemos que ocurrió durante las minorías de Ramiro III y Alfonso V, dándose tiempo después el caso de que llegaran a ejercer tales cargos algunas ciudades, como ocurrió, por ejemplo, con la de Ávila, durante la minoría de Alfonso VIII, y con la de Valladolid en la de Alfonso XI.

Alfonso X, fue el primer monarca que legisló sobre tales puntos, determinando que la menor edad de los reyes durase hasta los veinte años, y estableciendo, además, que desempeñasen la tutela y regencia, en primer término, la persona o personas designadas por el padre del rey menor, en segundo lugar, la madre de éste, y en tercero, una junta de tres o cinco personas, elegidas por los «perlados é los ricos oiñes, e los otros ornes buenos, é honrados de las villas, reunidos al efecto». Tal prescripción no ha sido cumplida en la práctica, pues Alfonso XI fue declarado mayor de edad a los quince años, y Enrique III y Juan II a los catorce, y en el presente siglo, la edad Ajada en las Partidas, ha sido rebajada considerablemente.

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Mas lo que en un principio no fueron otra cosa que meras tendencias, llegaron a convertirse en realidad al cabo de algún tiempo. De aquí que podamos señalar tres épocas respecto de este punto. Durante la primera, que dura hasta Fernando I, la monarquía es electiva, si bien se notan esas tendencias hacia el principio hereditario a que aludimos; en la segunda, que llega hasta Fernando III, la monarquía es de hecho hereditaria, pero legalmente es electiva; y durante la última, es sancionado por las leyes el principio hereditario.

A Pelayo, sucede su hijo Favila, y a este, el yerno de aquél, Alfonso I, lo cual prueba las tendencias hacia el principio hereditario que se notan en la monarquía desde los comienzos de la Reconquista. A esa tendencia se falta a la muerte de Fruela, pero explica la conducta seguida entonces por los cristianos la menor edad del hijo de aquél, Alfonso II. Debido á esta circunstancia, sin duda, reinaron antes que este último monarca los cuatro reyes denominados intrusos. Se ve, pues, que no siempre suceden los padres á los hijos; pero cuando se falta á este orden de sucesión, es siempre por evitar que ocupe el trono una mujer ó un menor de edad. Sin embargo, la proclamación de Ramiro III, cuando sólo contaba cinco años de edad, demuestra el camino que ya se había abierto al principio hereditario, presentando además este reinado la particularidad de ser desempeñada la regencia por una mujer, la monja Doña Elvira, tía del monarca. Se repite el ejemplo con Alfonso V, y precisamente esto se hace en la época en que los repetidos triunfos de Almanzor, dieron tanto esplendor al califato de Hixen, y sometieron a tan dura prueba a los reinos cristianos.

En Castilla se observa desde los primeros momentos, la ley de la herencia, especialmente desde la desaparición del gobierno de los jueces y del Conde Fernán-González, no siendo excluidas de la sucesión, ni las mujeres, ni los niños.

De aquí que, Castilla se uniera a Navarra por el matrimonio de la Condesa Doña Mayor, con Sancho, sin la menor protesta de los castellanos, y que más adelante Fernando I, hijo de aquellos, ciñera a sus sienes las coronas de Castilla y León, por heredar aquélla de su madre y pertenecer ésta a su mujer Doña Sancha.

Definitivamente incorporadas las coronas de los reinos de Castilla y León, en San Fernando, el principio hereditario hasta entonces arraigado sólo en la práctica y en las costumbres, pasa a ser establecido en los cuerpos legales, pues su inmediato sucesor, Alfonso el Sabio, habla de la sucesión al trono, en los tres cuerpos legales que dictara: el Fuero Real, el Espéculo y las Partidas, significando cada uno de ellos, respecto del anterior, un paso más en el cambio que los caracteres de la monarquía sufrieron.

El Fuero Real establece, siguiendo la tradición existente hasta su época que a la muerte del rey, sea proclamado su hijo mayor, sin admitir el derecho de representación que el Espéculo ya deja entrever, y sancionan las Partidas, combinándolo con el principio de dar la preferencia, entre los parientes del monarca, al de mejor línea; en líneas iguales, al de mejor grado; en grados iguales, al de mejor sexo; y en sexos iguales, al de mejor edad; entendiendo como mejor línea la descendiente; de mejor grado el más próximo, mejor sexo el masculino y mejor edad la mayor.

Mediante el derecho de representación, si el hijo mayor del monarca muere antes que él y deja hijos, éstos tienen mejor derecho a la corona, que sus tíos, los otros hijos del rey.

Como el Espéculo no llegó a ser ley, ni las Partidas hubieron de sancionarse hasta los tiempos de Alfonso XI, resulta que la única de las tres disposiciones a que aludimos, que tuvo fuerza legal, en la vida de su autor, fue la del Fuero Real, y aun respecto de éste, hay que observar que no se promulgó como Código general para toda la monarquía, sino que se dio como Fuero de la Corte y de algunas otras localidades.

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El principio monárquico debió estar profundamente arraigado entre los cristianos que comenzaron la obra de la Reconquista, pues además de existir como antecedente en Roma, entre los germanos, y aun dentro del elemento "gemonamente" hispano, lo evidencia el hecho de que, apenas conseguido el primer triunfo sobre los árabes, y cuanto trataron de organizar el núcleo de resistencia que hubieran formado, lo hicieron bajo la base de la monarquía, proclamando como rey á su primer caudillo, don Pelayo.

Al ser reconquistadas algunas regiones, los árabes en ellas asentados se quedaban, y este hecho explica la existencia de otro elemento, de no escasa importancia, el de los moriscos, a cuyo lado figura el de los judíos que de antiguo habitaban en España.

Al lado de las personas libres existían los esclavos, aun cuando en la situación de los mismos se notaran tendencias a convertir la institución de la esclavitud en real, de personal que era. Como origen de esclavitud, figura la guerra, pero ante la necesidad de poblar las comarcas últimamente conquistadas, se conceden privilegios a los que van a ella, pero imponiendo la obligación de asentarse allí, lo cual da origen a una situación especial, que si no puede decirse que era de esclavitud, tampoco puede afirmarse que era de libertad. Estas personas, que en un principio vivieron en servidumbre, se transformaron más tarde en vasallos, y con el tiempo constituyeron el estado llano, que tanta influencia llego a adquirir en el desarrollo político y social de nuestra patria.

En cuanto a la situación de las tierras, conviene tener presente la idea tan generalizada durante los tiempos de la Reconquista, y aun entre los pueblos antiguos, de que se hacía dueños de ellas el que las conquistaba, por el sólo hecho de vencer a su enemigo. Con arreglo a tal principio, los territorios librados del poder de los árabes se dividieron desde el comienzo de la Reconquista entre los elementos que contribuían a mantener la lucha, esto es, la monarquía, la nobleza y el clero, y andando el tiempo, cuando los concejos llegaron a tener importancia, también el estado llano tuvo su participación en el botín. Consecuencia de la aplicación de tal principio, fue la existencia de grandes masas de propiedades en pocas manos, y la necesidad en que se vieron sus dueños de ceder el dominio útil de las mismas, para no verlas convertidas en eriales.

De las indicaciones hechas resulta que las clases y elementos sociales en la Reconquista oriental, son los mismos que en otros períodos de nuestra historia hemos notado, a saber: la monarquía, la nobleza, el clero y la masa general del pueblo.

Estudiaremos cada uno de ellos separadamente, comenzando por la monarquía.

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