La estafa de los escribanos

Fue un escándalo de grandes dimensiones. En Guardo no se habló de otra cosa en mucho tiempo. Todo comenzó cuando un vecino de Otero de Guardo llegó procedente de la provincia de Toledo con un encargo de un hidalgo que habitaba en el pueblo de Calabarro, don Nicolás de Nombela, hijo de don Pedro de Nombela, que había vivido en Villalba de Guardo. El de Otero, Mateo Mancebo, traía el encargo de regresar a Toledo con una certificación de hidalguía para esa familia, ya que se la exigían en el pueblo donde ahora vivía. Traía consigo una gran cantidad de dinero para pagar los servicios de escribanos y alcaldes.

El escribano de Guardo, don Agustín Serrano, en un principio se negó a conceder tal certificación, pero después se puso de acuerdo con el alcalde ordinario, Gerónimo Fernández para estafar a esa familia de don Pedro Nombela. Como el alcalde era un hombre sencillo, de corta inteligencia y que no sabía firmar, fue convencido con la promesa de sacar de provecho dos carros de vino. El escribano Agustín Serrano falsificó el certificado de hidalguía, puso el nombre de unos 20 testigos falsos que atestiguaban de don Pedro de Nombela había sido hidalgo en Guardo y por tal siempre se tuvo. Para dar mayor autenticidad, falsificaron la firma del alcalde, que no sabía firmar. También intervino el otro escribano, Matías de Salazar Villarroel. Entre todos se repartieron los dineros que había traído de tierras toledanas Mateo Mancebo. Se pusieron de acuerdo con éste, que marchó con otros que iban a trabajar a Toledo. Una vez allí, el de Otero se separó de sus compañeros, fue hacia Calabarros y entregó la certificación de hidalguía a su destinatario.

Pero no contaban los estafadores con que el hidalgo don Nicolás de Nombela se iba a dar cuenta de la falsificación, pues los datos que allí figuraban no eran ciertos. Los Nombela no habían vivido en Guardo, sino en Villalba de Guardo. Lo puso en manos de la justicia e intervino el fiscal de su Majestad. Y llegó hasta Valladolid, al tribunal de la Chancillería. Ésta descubrió el pastel y sentenció con severidad. Los dos escribanos de Guardo fueron presos en la Corte, con guarda y custodia y llevados a las cárceles de África. Pagaron 80 ducados cada uno, les embargaron todos sus bienes y fueron apartados de sus oficios. A Matías Mancebo, de Otero, le pusieron 30 ducados de multa por cómplice. El Concejo de Villalba también fue castigado con 20 ducados. Además, los jueces ordenaron borrar el escudo de armas que el escribano Matías Salazar lucía sobre la puerta de entrada de su casa. Ante esta orden del tribunal vallisoletano recurrió al otro alcalde ordinario, don Gregorio Díez Santos, uno de los grandes terratenientes de Guardo y padre del insigne don Francisco Díaz Santos Bullón. ¿Qué tenía que ver en este feo asunto un señor de tan alta riqueza? Pues sencillamente que la casa donde vivía el mencionado escribano encarcelado, era propiedad de don Juan Díez Santos, su hermano ya fallecido. El escudo de armas no era del escribano, ni lo había puesto él, sino que era del hermano de don Gregorio. El alto tribunal le dio la razón y restituyeron el escudo del fallecido.