Creo que ya nos hemos hecho eco en alguna ocasión del calvario de Sandra, palentina que por un descuido, vive desde hace cinco años en el infierno. Por un error, al escanear su dni, se metió en una carpeta compartida y se subió al Emule. Y así empezó un calvario que aún no ha terminado. 

Primero le reclamaron 3500€ que presuntamente había estafado a un hombre de San Sebastián. Otra entidad, Cetelem, le reclamó desde Granada 1500€. Y otro tanto le ocurrió con Santander Consumer y Cofidis, entidades de crédito que con datos escasos te facilitan un dinero rápido. El asunto no paraba y las reclamaciones iban en aumento, hasta llegar a una cantidad importante que se fue acumulando por préstamos e intereses que al no hacerse efectivo el principal iban creciendo.

Sin solución

Pero lo peor de todo es que, a pesar de estar informatizados hasta las orejas, siempre hay resquicios por los que penetran a sabiendas los amigos de lo ajeno. Aseguran los expertos que no se puede eliminar ningún archivo de los programas P2P. La justicia, quienes te citan a declarar mil veces por lo mismo, dicen no poder hacerlo.Y está prohibido cambiar de Dni en España, lo que viene a liar más esta madeja. La Defensora del Pueblo, aunque se mostró preocupada, tampoco pudo ayudarla... La Agencia Española de Protección de Datos, presuntamente, hizo un seguimiento a los bancos para ver si actuaban bien y le aseguraron que el procedimiento era correcto.

Hasta que montó un buen "pollo" en la comisaría y alguien comenzó a tomarse el caso en serio. Parece que en ocasiones hay que pegar un golpe en la mesa y ponerse serios para que alguien se ponga manos a la obra. La policía reúne la información y consiguen una grabación telefónica en El Corte Inglés de Granada, en la que escuchan a la mujer que le suplantaba en el momento de adquirir una televisión de plasma. En unos meses se descubre a los estafadores, pero tal y como está la cosa de la Justicia, no se puede transferir el expediente a la ciudad donde se encuentran los estafadores, por lo que la historia vuelve a comenzar de cero.

Todo este movimiento le deja al borde del abismo a la protagonista.Tanta seguridad que parecen mostrar quienes nos mandan o nos fian se queda en nada cuando uno pierde el documento o lo sube a la red por un descuido, en un sistema donde los archivos no paran de multiplicarse y de rodar hasta caer en unas manos que no hacen otra cosa que exprimirlo al máximo.

Ya tienen la moraleja a punto. Y no se trata de algo baladí.

La Audiencia Nacional ha planteado sus dudas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El caso planteado trata del denominado derecho al olvido en Internet. Su protagonista, Mario Costeja González, planteó una reclamación solicitando que su nombre, relacionado con una información sobre una subasta judicial, fuese eliminado de Google puesto que el embargo estaba ya solucionado.

El debate pone sobre la mesa el concepto de privacidad on line y la petición/posibilidad del ciudadano de poder eliminar ciertos datos que circulan por la red relacionados con su persona. La confidencialidad de todos nuestros gustos, nuestros pasatiempos, nuestras preocupaciones o nuestras perversiones queda registrada en la web a través de algoritmos que procesan la información a la que hemos accedido desde nuestro ordenador. Todo queda en Google. El historial de cualquiera a golpe de clic, incluso información negativa del pasado que puede afectar seriamente nuestro presente. ¿Ha de permanecer mi nombre relacionado con un hecho delictivo que cometí en el pasado y que perjudica notablemente mi reinserción social?, ¿tengo que soportar aparecer vinculado a una noticia falsa o ser insultado por un blogero en su espacio personal? Preguntas como ésta introducen una variada y compleja casuística en torno al derecho al olvido (right to be forgotten), a la necesidad de muchos de poder suprimir los datos ligados a su persona de los buscadores o redes sociales. Podemos decir que se trata de la protección de datos personales (a través de su cancelación) en el ámbito cibernético.

Su mayor campo de batalla es lógicamente la protección que nuestra jurisprudencia constitucional otorga a la libertad de información, un derecho que (junto a la libertad de expresión) prevalece sobre el derecho al olvido y la consecuente protección de datos personales. Vivimos en un Estado de Derecho apegado a una poderosa sociedad de la información en la que cualquiera puede publicar sus historias y comentar informaciones relevantes. El anonimato es el disfraz bajo el que muchos cometen sus tropelías y abusos, atentando contra la privacidad de personas ajenas. El derecho a la intimidad y el derecho a la información cara a cara en uno de los debates más polémicos que se tendrán que solucionar en los juzgados.

Las novedades legislativas están al caer. Es necesario reforzar el derecho de cancelación de datos de los usuarios de las nuevas tecnologías. Pero sin olvidar el ciudadano que el pasado siempre vuelve, que la memoria digital se muestra reacia a ser borrada, que somos los únicos responsables de unas fotografías comprometedoras que en su día colgamos por la red o que hay ciertos vídeos que quizá sea mejor no publicar nunca. Por si acaso el derecho al olvido se retrasa y sigue recordando.

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