Pasajeros a Indias, 1503 - 1790 (III)

Era necesario equilibrar las poblaciones de las nuevas ciudades con la de las viejas villas castellanas; no olvidemos que este primer esfuerzo demográfico coincidía con las guerras en Italia. La gestión de la intervención del paso al Nuevo Mundo, le fue conferida a la Casa de la Contratación de Indias, [1] que tuvo su sede en Sevilla. Este organismo nació por iniciativa de los Reyes Católicos en 1503, inspirado en otros similares, sobre todo en la "Casa de India e Guina" de Lisboa, para canalizar, impulsar y fiscalizar todo el tráfico con las tierras recién descubiertas. Inicialmente se pretendió que fuera una agencia de la Corona de Castilla, a semejanza de la portuguesa, autónoma y en régimen de monopolio que realizara todo el comercio por su cuenta, pero pronto la complejidad del mismo, la diversidad de productos, territorios, y puertos de destino hicieron imposible este proyecto, convirtiéndose la Casa en un organismo público administrativo encargado del control y fiscalización de todas las actividades relacionadas con las Indias, tanto comerciales como sociales. Durante el siglo XVI, el de mayor esplendor de la Casa de la Contratación, se aprobaron y rectificaron sus Ordenanzas que prácticamente no se modificarían en los dos siglos posteriores. En 1524 se creó el Consejo de Indias, al que fue adscrita la Casa que hasta entonces era autónoma. Posteriormente en el siglo XVIII pasaría a depender del consejo de Hacienda y finalmente del de Guerra. En un principio, la organización de la Casa de la Contratación estaba encomendada a muy pocas personas, pero a medida que creció el tráfico comercial y el número de pasajeros, hubo que arbitrar una organización capaz de mantener los niveles de fiscalización deseados. Inicialmente, su personal lo constituía un "factor" del que dependía el aprovisionamiento de los buques, su revisión y la compra por cuenta de la corona de ciertas mercancías: armas, municiones, azogue para el beneficio de la plata, etc., consideradas estratégicas; un "tesorero"que recibía todos los caudales de las Indias, tanto de particulares como de la Corona; se hacía cargo también de los bienes dejados por los fallecidos en Indias o en la mar, hasta que eran asignados a sus herederos legítimos (bienes de difuntos); y un "contador-secretario" que llevaba la contabilidad de todas las operaciones de la Casa. Estos tres funcionarios eran conocidos como los "oficiales reales" y actuaban conjuntamente en algunos trámites fiscales, como el registro de navíos, la concesión de las licencias de paso y embarque y el cobro de ciertos gravámenes, siendo el más importante el llamado de la "avería", que consistía en una tasa sobre las mercancías transportadas para sufragar los gastos originados por la protección armada de los navíos. Tenían también la facultad de administrar justicia en los pleitos relativos al comercio y la navegación, previo asesoramiento de un letrado; su actividad en esta esfera provocó numerosos conflictos con los tribunales ordinarios. Cuando se creó el Consulado de Sevilla (1542), tribunal mercantil, muchos pleitos de responsabilidad civil pasaron a él, pero la criminal siguió bajo la jurisdicción de la Casa de la Contratación. En 1583, se creó una sala de justicia dentro de la Casa, con lo que la función judicial quedó totalmente separada de las tareas administrativas y fiscales, encomendadas a los oficiales reales. 

En 1596 la sala de justicia fue equiparada a una Real Audiencia.(1) Con el tiempo, la complejidad de las tareas de la Casa de Contratación llegó a ser tal que fue menester dotar a los oficiales reales de una serie de ayudantes: diputados, comisarios delegados, escribanos, etc. También se crearon cargos con funciones concretas y específicas, como los de "correo mayor", "proveedor general de la armada", "visitador de navíos", "artillero mayor". Para dirigir todas estas actividades se instituyó, en 1557, el cargo de Presidente de la Casa de la Contratación que era su suprema autoridad ejecutiva. Al contador se le asignaron numerosos ayudantes, y finalmente se creó un Tribunal de la Contaduría de la Avería (1596) o Contaduría Principal. La Casa de la Contratación tenía su capilla y también su cárcel propias. Durante más de dos siglos (1503-1717) Sevilla fue la sede de la Casa, dado el monopolio del tráfico con América de que gozaba, y en su puerto fluvial tenía lugar la salida y llegada de los navíos que hacían la Carrera de las Indias. Solo hubo un intento de alterar esta situación (1529-1573), permitiendo a ocho puertos españoles que enviasen barcos directamente a Indias, aunque bajo la supervisión de delegados de la Casa, y con la obligación de terminar en Sevilla el viaje de regreso, lo que hizo imposible la ruptura del monopolio. Sin embargo el calado del rió Guadalquivir no siempre permitía a los buques llegar con toda su carga hasta Sevilla, máxime con el incremento del tonelaje de los navíos, lo que se obviaba desembarcando en Cádiz o Sanlúcar parte de la mercancía, con la previa autorización de la Casa. Esta licencia daría lugar a abusos que originó un activo contrabando, con la merma de los ingresos reales. Trató de evitarse con la creación de un Juzgado de Indias (1535) en Cádiz para controlar este tráfico. Estaba compuesto por un juez oficial y tres delegados de la Casa de la Contratación. Los comerciantes de Sevilla intentaron, sin éxito, suprimir este Juzgado y mantener la exclusividad de su puerto. 

Durante el siglo XVII la Casa de Contratación se vio aquejada de los mismos males que el resto de la administración española, tan bien retratados por Cervantes en sus Novelas Ejemplares (la mayor parte de ellas localizadas en Sevilla): ineficiencia, lentitud y venalidad de los funcionarios. La mayoría de los oficios eran ocupados por compra, mediante la paga a la hacienda pública de la "anata" o "media anata", importe equivalente a una anualidad o media anualidad, respectivamente. Esta modalidad suponía en muchos casos una incitación a la corrupción. Los hidalgos segundones, carentes de esa suma, ni siquiera aproximadamente, se veían obligados a caer en manos de prestamistas para su depósito, previo al juramento del cargo. De aquí a la venta de servicios no había más que un paso. La insaciable voracidad de la Hacienda, condujo a proveer más oficios de los que eran necesarios, apareciendo los "jueces supernumerarios", que habían de aguardar para ocupar su destino a que quedara vacante su puesto. La llegada de los Borbones supuso una racionalización de la administración que como es lógico alcanzó al Consejo de Indias y por tanto a la Casa de la Contratación. Una de las primeras medidas fue su traslado a Cádiz (1717) al tiempo que el Juzgado de Indias se trasladaba a Sevilla; con el tiempo, esta racionalización y la descentralización progresiva de la administración borbónica fueron limitando sus funciones y prerrogativas hasta su definitiva supresión en 1790.[2]